El diputado por la Región de Los Lagos, Fernando Bórquez, se refirió con dureza a los hechos que vinculan a la Fundación Participa, tras conocerse la prisión preventiva decretada para Daniel Ibáñez y Fredy Seguel, presidente y director ejecutivo de la entidad, respectivamente.

Ambos fueron formalizados por los delitos de estafa, administración desleal y lavado de activos en una extensa audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, donde se fijó un plazo de seis meses para la investigación.

Entre los antecedentes presentados por la Fiscalía destaca un programa de regularización de terrenos, que prometía más de 1.500 trámites, de los cuales solo seis se habrían concretado. Esto habría causado un perjuicio fiscal superior a los 26 millones de pesos. Además, se detectaron expedientes duplicados y presuntos “palos blancos”: personas contratadas a honorarios que luego debían devolver sus sueldos en beneficio de uno de los imputados.

El parlamentario subrayó la gravedad del caso y cuestionó la falta de control sobre el uso de fondos públicos destinados a fines sociales.

Otro punto crítico del caso fue el uso de dineros fiscales en depósitos a plazo para obtener ganancias personales (por más de 38 millones de pesos) y la realización de transferencias desde cuentas institucionales hacia fines particulares por más de 58 millones. La investigación quedó a cargo de las unidades especializadas de la Policía de Investigaciones.