En una reciente declaración pública, las principales federaciones que agrupan a los trabajadores de la Marina Mercante Nacional de Cabotaje han manifestado su rotundo rechazo a la modificación del decreto supremo N°752 del Ministerio de Defensa Nacional, que regula el buceo profesional y deportivo en Chile.

Entre las organizaciones que suscriben la declaración se encuentran la Federación de Sindicatos Marítimos y la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales Naves Mercantes y Especiales de Chile.

Esta medida responde a un dictamen de la Contraloría General de la República, que consideraba que tal exigencia era «contraria a derecho».

En su declaración, sostienen que esta medida «desmantela los tradicionales y centenarios derechos de la gente de mar», dejando en una situación de precariedad laboral a miles de chilenos, particularmente a las comunidades de buzos profesionales que han heredado esta actividad de generación en generación en zonas como Chiloé, Aysén y Punta Arenas.

En concreto, los sindicatos destacan que los afectados directos por esta modificación son más de 58 mil pescadores y mariscadores, además de casi 240 mil trabajadores matriculados e independientes de ribera.