La consigna municipal “el que raya, paga” volvió a aplicarse en Puerto Montt, luego que la justicia condenara a un joven de 18 años, oriundo de Quilpué, al pago de una multa de 3 UTM (aproximadamente $209 mil) por rayar un macetero en el centro de la ciudad.

El hecho ocurrió el pasado 8 de octubre, cuando el imputado fue sorprendido en flagrancia por Carabineros de Chile dañando mobiliario urbano en el sector de la Plaza de Armas. Tras la detención, la Municipalidad de Puerto Montt, a través de su Unidad Penal Municipal (UPM), se querelló en la causa y compareció a la audiencia de control de detención realizada el 10 de octubre.

En esa instancia, el Juzgado de Garantía decretó medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse al lugar afectado y la obligación de firmar mensualmente en una comisaría de Quilpué, comuna de origen del imputado, fijando además un plazo de investigación de 40 días.

Durante la audiencia de procedimiento simplificado realizada esta semana, el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos, por lo que el tribunal lo condenó al pago de la multa. En caso de no cumplir con el pago dentro de cinco días, la sanción será sustituida por prisión efectiva.

El alcalde Rodrigo Wainraihgt valoró la condena, destacando que se trata de una señal clara contra el vandalismo.
“En Puerto Montt tenemos un lema que dice el que raya, paga. Ya hemos logrado ocho resultados exitosos donde los responsables han sido obligados a pagar multas o a limpiar los espacios dañados con recursos de su propio bolsillo”, señaló el jefe comunal.

El edil agregó que no se permitirá el deterioro de los espacios públicos y subrayó que estos fallos han tenido impacto incluso a nivel nacional, marcando un precedente frente a conductas que antes quedaban impunes.

Por su parte, el abogado Marcos Emilfork, quien encabeza la Unidad Penal Municipal, afirmó que existe una política de tolerancia cero frente a los rayados y actos vandálicos.
“Hoy estos hechos se persiguen penalmente gracias al trabajo conjunto de Carabineros, Fiscalía y la UPM, para que quienes dañan la ciudad paguen efectivamente por ello”, indicó.

Desde su creación, la UPM ha presentado cerca de 100 querellas por delitos que afectan bienes municipales o de alta connotación pública, incluyendo múltiples casos de vandalismo contra el mobiliario urbano.