La empresa acusa irregularidades técnicas y administrativas en el proyecto, sostiene que la obra era inviable desde su origen y cifra los perjuicios en más de $45 mil millones.

La Constructora Baker Limitada interpuso una demanda civil en contra de la Municipalidad de Osorno y del Gobierno Regional de Los Lagos, responsabilizándolos por una serie de irregularidades en el proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat, obra que —según la acción judicial— terminó provocando la quiebra de la empresa.

De acuerdo con la presentación ante tribunales, la constructora solicita la nulidad del contrato, la declaración de falta de servicio y el pago de indemnizaciones que superan los $45 mil millones, argumentando que el proyecto fue licitado y adjudicado sobre la base de antecedentes falsos, permisos de edificación caducados y diseños estructurales defectuosos.

Uno de los puntos centrales de la demanda dice relación con la seguridad estructural del establecimiento educacional. Baker sostiene que los diseños originales no cumplían con normas sísmicas básicas, lo que habría puesto en riesgo a estudiantes, docentes y funcionarios si la obra se hubiese ejecutado conforme a dichos planos.

Asimismo, el escrito denuncia negligencias en la inspección técnica y en la supervisión profesional, incluyendo la participación de inspectores no inscritos en los registros exigidos por el MINVU, modificaciones firmadas por proyectistas no habilitados y una deficiente gestión administrativa del contrato.

Según la empresa, tras más de ocho ampliaciones de plazo y con cerca de un 70% de avance físico, el municipio puso término anticipado al contrato invocando una paralización injustificada, lo que —afirman— precipitó la liquidación financiera de la constructora. Posteriormente, acusan que la continuidad de las obras fue adjudicada por montos que quintuplican el valor pendiente, generando un perjuicio al erario público.

Desde la parte demandante señalaron que la acción judicial busca no solo la reparación del daño económico sufrido, sino también establecer responsabilidades administrativas y técnicas, advirtiendo que el proyecto, tal como fue concebido, presenta riesgos que deben ser revisados por organismos especializados para resguardar la seguridad de la comunidad educativa.