Una investigación interna remeció en los últimos días a Gendarmería de Chile, luego de revelarse que cuatro funcionarios del penal de Punta Arenas vendían completos a internos por $3.500, más del doble del precio cobrado en actividades autorizadas, donde el mismo producto se ofrecía por $1.500.

La irregularidad fue detectada por la administración del recinto, lo que derivó en la suspensión inmediata de los involucrados y el inicio de sumarios administrativos. Dependiendo de los resultados, los funcionarios arriesgan incluso su desvinculación definitiva de la institución. Así lo indicó el coronel Rodrigo Campusano.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, fue enfático al señalar que la venta de alimentos dentro de recintos penitenciarios está estrictamente regulada y debe realizarse exclusivamente mediante economatos autorizados, los que no contemplan productos como completos.

Aunque Gendarmería no ha emitido una declaración oficial debido a la ausencia de un encargado de comunicaciones, el exdirector Claudio Martínez advirtió que este tipo de hechos puede ser la punta del iceberg de prácticas más graves.

La ciudadanía se pregunta: ¿puede un completo convertirse en el símbolo de un problema mayor?