El Gobierno ingresó una iniciativa legal que apunta a fortalecer la seguridad en el sistema escolar, proponiendo ajustes al Código Penal para agravar delitos cometidos en recintos educativos.

El plan contempla cinco medidas clave. Entre ellas, se incluye la autorización para inspeccionar bolsos y mochilas, facultad que deberá ser regulada por cada establecimiento con el fin de evitar riesgos dentro de la comunidad escolar.

También se plantea robustecer el rol del profesorado, permitiendo aplicar medidas que favorezcan la disciplina, la prevención y el respeto de las normas dentro del aula.

Además, se incorporan sanciones para quienes generen interrupciones en las actividades académicas, afectando el desarrollo normal de las clases, en línea con episodios recientes en liceos.

En materia de educación superior, la propuesta establece que quienes hayan sido condenados por delitos violentos no podrán acceder a la gratuidad. A esto se suma la obligación de mantener el rostro visible y la prohibición de portar vestimenta o símbolos asociados a la violencia, drogas u otras conductas ilegales.

📷 Cedida