El incremento en el precio de las bencinas y el diésel ha agudizado la situación social en sectores rurales de la provincia de Osorno, donde más de 52 mil personas enfrentan un aumento sostenido en su costo de vida.

Uno de los impactos más inmediatos ha sido el alza en el transporte público rural, con pasajes que en algunos casos subieron cerca de $500, afectando directamente a familias que dependen de estos servicios para acceder a salud, educación y trabajo.

A esto se suma el encarecimiento de insumos básicos para actividades agrícolas y de subsistencia, además de mayores dificultades para el acceso a servicios esenciales. En muchos hogares, el uso de generadores diésel para obtener electricidad o agua potable se ha visto restringido debido a los altos costos.

Dirigentes locales advierten una falta de apoyo frente a este escenario, señalando que históricamente el mundo rural ha quedado rezagado en contextos de crisis. También apuntan a limitaciones estructurales, como la baja conectividad digital y el acceso desigual a servicios básicos.

Datos del Ministerio de Agricultura indican que gran parte del país es rural, con brechas importantes en acceso a agua potable, servicios financieros y conectividad. En la provincia, miles de familias aún dependen de camiones aljibe y varias comunas carecen de infraestructura clave.

Pese a restricciones presupuestarias, municipios han intentado sostener el apoyo, siendo considerados por los propios habitantes como el principal respaldo ante la falta de soluciones de mayor alcance.

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