La Tesorería General de la República comenzó el proceso de cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), aplicando criterios diferenciados según la situación económica de los deudores. En los casos de morosidad, el Fisco asume el pago ante la banca como aval y posteriormente inicia la recuperación de esos recursos.

Las personas con ingresos superiores a los $5 millones serán objeto de acciones judiciales directas, sin posibilidad de acceder a convenios de pago. Estas medidas pueden incluir embargo o retención de bienes, cuentas bancarias o remuneraciones, de acuerdo con la normativa vigente.

En tanto, quienes registren ingresos menores a ese monto podrán optar a convenios, siempre que mantengan deudas desde 1 UTM. Este mecanismo busca facilitar la regularización de la situación financiera de los contribuyentes.

Los trámites pueden realizarse a través del sitio web institucional o de manera presencial, presentando la documentación requerida según cada caso.

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