El Ministerio Público formalizó a diez personas por su eventual responsabilidad en exhumación e inhumación ilegal, a raíz de un inusual episodio registrado en Chiloé. El hecho se originó tras la muerte de Yuri Muñoz, de 47 años, quien perdió la vida en mayo pasado en un accidente de tránsito cuando se dirigía a su trabajo en Mocopulli.

La situación salió a la luz en septiembre, cuando familiares acudieron al cementerio de Butalcura y constataron que el nicho donde descansaban sus restos estaba vacío. El féretro había sido retirado sin autorización y trasladado a otro punto del mismo recinto.

Según los antecedentes recopilados, un grupo cercano al fallecido habría decidido cambiar su ubicación. Algunos de los involucrados presentaban indicios de haber removido tierra recientemente.

Una de las teorías planteaba que el traslado obedecía a un deseo expresado en vida, lo que fue rechazado por la familia, que criticó lo ocurrido.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a Castro por decisión de sus cercanos, mientras que los imputados quedaron en libertad durante la investigación.

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