A más de un año del atropello que terminó con la vida de la joven ancuditana Paulina Fuentes Villarroel, en un paso peatonal de Vitacura, la causa entra en una fase decisiva que remece a la familia de la víctima. La Fiscalía Metropolitana Oriente optó por un giro en su estrategia y busca cerrar el caso mediante un procedimiento simplificado, con penas considerablemente menores para el imputado, el médico venezolano José Colina Flores.

El Ministerio Público resolvió recalificar el delito, pasando de homicidio simple (tesis impulsada por los querellantes) a cuasidelito de homicidio, es decir, que el atropello ocurrió sin intención. Bajo esta figura, la pena máxima solicitada es de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo y la suspensión de la licencia de conducir por dos años, además del pago de costas.

Según antecedentes reunidos por la fiscalía, Colina es autor del atropello, pero no habría actuado con dolo. La decisión se apoya en informes policiales, peritajes de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), registros audiovisuales, declaraciones de testigos y peritos. La audiencia clave quedó fijada para el 20 de enero de 2026, instancia en la que el imputado deberá aceptar o rechazar su responsabilidad.

La resolución generó profundo malestar en la familia de Paulina y en sus abogados, quienes sostienen que existen múltiples elementos que apuntan a un actuar doloso: el conductor reconoció que giró sin mirar, los sensores del vehículo estaban operativos y, tras el impacto, no prestó auxilio a la víctima.

El caso, que dio origen al proyecto de Ley Paulina, vuelve a encender el debate sobre las bajas condenas en delitos de tránsito y la búsqueda de sanciones efectivas que reflejen el daño causado.