ONG Campo Seguro espera que la nueva normativa se aplique en toda su extensión y no quede solo en el papel.

El 12 de diciembre de 2024 el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley Antiterrorista, incorporando cambios relevantes como la definición de delitos tipo y el uso de técnicas especiales de investigación: intervención telefónica, agentes encubiertos, activación remota de dispositivos y tratamiento automatizado de datos personales.

Pese a las reservas de constitucionalidad presentadas por parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista, la normativa entró en vigencia en febrero de 2025. Desde entonces, más de 40 atentados se han registrado en la macrozona sur, situando a Chile en el puesto 21 del Índice Global de Terrorismo, siendo superado en la región solo por Colombia (posición 15).

Desde enero de 2024 —y considerando que en ese momento existía solo una persona condenada por delito terrorista— Campo Seguro sostuvo reuniones con senadores y diputados de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, además de enviar oficios a las Comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados con propuestas respecto a los contenidos más relevantes: calificación de asociación terrorista, delitos tipo y nuevas herramientas investigativas.

Francisco Muñoz, gerente de ONG Campo Seguro, señaló que “este año no se han perpetrado actos terroristas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, a nuestro parecer debido a la aplicación del Estado de Excepción en La Araucanía y Arauco; la mayor presencia policial en rutas de conexión en la región de Los Ríos; y la detención de presuntos autores, entre ellos un exintegrante del MIR. Con todo, se han perpetrado 64 actos de índole terrorista en nuestras regiones desde el año 2020, resultando en solo dos condenas, ambas por hechos no calificados como terroristas: ataque incendiario y ataque armado a Carabineros”.

La Ley incorporó además la calificación terrorista, un sistema de penalidades graduadas y la penalización a organizaciones que —directa o indirectamente— recaudan o proporcionan fondos con la intención de utilizarlos en la comisión de delitos terroristas.

Finalmente, Muñoz advirtió que aún resta avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, mandatada por la propia Ley, así como en la persecución penal de asociaciones terroristas y su financiamiento, junto con el fortalecimiento del marco complementario establecido en la Ley de Inteligencia, que lleva ocho años en tramitación en el Congreso.