Tras ocho años de investigación, la justicia determinó el sobreseimiento definitivo del senador por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza (PS), en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a la compra de la Radio Reloncaví.

La resolución fue dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el pasado 16 de septiembre, confirmando lo decretado en noviembre de 2024 por el juez de Garantía Cristian Alfonso Durruty. Al día siguiente, el tribunal ordenó el cúmplase de la sentencia bajo la causal del artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal: “cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito”.

En su resolución, el tribunal destacó que, pese a los múltiples informes policiales y antecedentes recopilados desde 2017, no se acreditó la existencia de delitos que justificaran la formalización de cargos.

Declaraciones de Espinoza

El senador valoró el cierre de la investigación:
“El término de este caso es muy importante para mí, porque no ha habido político chileno que haya sido investigado tantos años, comprobándose al final de este largo peregrinar que todo mi patrimonio está totalmente ajustado a derecho y es fruto de mi trabajo, orden y disciplina”.

Asimismo, calificó el proceso como un “capítulo amargo” y acusó que las imputaciones fueron motivadas por “el revanchismo sin límites” del abogado querellante Marcos Velásquez, a quien vinculó con el caso judicial por el asesinato de su padre.

El origen de la querella

La acción judicial fue presentada en agosto de 2017 por Velásquez, quien acusó a Espinoza de negociación incompatible, tráfico de influencias y eventual enriquecimiento ilícito en la adquisición de la emisora —a nombre de sus hijas— por $200 millones.

Espinoza aseguró que los cuestionados depósitos en sus cuentas bancarias correspondían a aportes de su partido para campañas políticas y a la venta de una propiedad familiar en Chinquihue. Además, recordó que durante el proceso autorizó la revisión de sus cuentas por más de dos décadas para demostrar su inocencia.

La postura de la defensa

El abogado Sergio Coronado, representante de Espinoza, subrayó que no existe registro de un parlamentario sometido a una indagatoria tan extensa y minuciosa:
“El Ministerio Público debió levantar y analizar información de carácter bancario, contable, policial y registral durante años, sin encontrar evidencia que configurara delito alguno”, señaló.

El jurista agregó que la acusación particular “no puede tener costo cero” y anunció junto al senador la presentación de acciones civiles y penales en contra del querellante, con el fin de reparar los daños ocasionados por más de ocho años de investigación.