A dos años de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, los resultados son contundentes: más de $2,4 billones han sido ordenados a pagar por los tribunales de familia, marcando un hito en la protección de los derechos de la niñez.

La norma conocida como “Ley Papito Corazón”, permitió rastrear y retener fondos desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y ahorros previsionales de padres que incumplían sus obligaciones. Esta recuperación histórica ha beneficiado directamente a más de 282 mil familias en el país.

Para dimensionar el impacto: el monto equivale a 52 campañas de la Teletón y casi duplica la cifra registrada en octubre de 2024, cuando los pagos alcanzaban $1,36 billones.

Con acceso a información financiera de los deudores y nuevos mecanismos de cobro, la ley ha transformado el panorama de las pensiones alimenticias, cerrando espacios a la evasión y fortaleciendo la justicia para niños, niñas y adolescentes.