La constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), actualmente en liquidación, demandó al Fisco por 11 mil 567 millones de pesos, exponiendo serias fallas contractuales en el proyecto del Bypass de Castro. La acción judicial fue presentada el pasado 15 de marzo del año en curso, ante el 7º Juzgado Civil de Santiago y se hizo pública tras la notificación al Consejo de Defensa del Estado (CDE), según informó el Diario La Tercera.

La empresa acusa al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Dirección de Vialidad de entregar terrenos con hallazgos arqueológicos no liberados, situación que habría paralizado las faenas y provocado cuantiosos sobrecostos. La empresa, en quiebra desde octubre de 2022 y representada por la liquidadora Loreto Ried, sostiene que esta interferencia ya era conocida por el MOP, pues afectó antes a la firma Besalco en la misma iniciativa.

Entre las pruebas, destaca que las labores de rescate arqueológico se adjudicaron recién en abril de 2023, casi dos años después del plazo comprometido. Además, la constructora denuncia el no pago de $2.105 millones, multas extemporáneas por $29 millones y la omisión del reajuste por inflación y pandemia.

En este sentido, la firma acusa al Estado de improvisación y de traspasar a los contratistas los efectos de una planificación deficiente. El proceso judicial sigue su curso.

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