La decisión de la Municipalidad de Purranque de retirar cuatro casetas instaladas para perros en espacios públicos abrió un intenso debate sobre la seguridad de los vecinos y la figura de los llamados «perros comunitarios». En ese contexto, la diputada Paulina Muñoz respaldó la actuación del municipio y sostuvo que la prioridad de cualquier autoridad debe ser proteger a las personas.

En 2023 se registraron 60.986 atenciones por mordeduras de caninos a nivel nacional, de las cuales 35 mil correspondían a ataques de animales callejeros. Para 2024, se registraron más de 80 mil atenciones médicas por ataques de perros en Chile.

A nivel regional, en la Región de Los Lagos se han registrado 4.217 consultas médicas por mordeduras de perros entre 2024 y abril de 2025, con un aumento sostenido de los casos que preocupa a las autoridades de salud pública.

«La primera responsabilidad de una municipalidad es actuar cuando recibe denuncias de los vecinos y existe un riesgo sanitario o un peligro para la comunidad. Eso fue lo que ocurrió en Purranque», afirmó la parlamentaria.

Muñoz cuestionó además que la actual legislación haya permitido consolidar una figura en la que los animales reciben alimentación y cuidados por parte de terceros, pero sin que exista un responsable legal cuando ocurren ataques o incidentes.

«La ley terminó formalizando la existencia de perros que no tienen dueño. Todos los alimentan, todos les ponen casas, pero cuando muerden a un niño, a un adulto mayor o impiden que los vecinos transiten con tranquilidad, nadie responde», señaló.

La diputada insistió en que el país debe avanzar hacia una verdadera tenencia responsable y no permitir que el derecho de los animales se imponga sobre la seguridad de las personas.

«No podemos aceptar que los niños no puedan jugar en su barrio o que los adultos mayores tengan miedo de salir de sus casas por la presencia de perros sin dueño. El derecho de las personas debe estar por encima de cualquier vacío legal», enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones animalistas a asumir un rol más activo y responsable.

«Si una organización alimenta a un perro, le instala una caseta y promueve su permanencia en un sector, también debe hacerse responsable de las consecuencias que ese animal pueda generar. No basta con defender los derechos de los animales; también hay que proteger el derecho de los vecinos a vivir seguros», concluyó.

La parlamentaria adelantó que impulsará mejoras a la legislación vigente para fortalecer la tenencia responsable y eliminar los vacíos legales que, a su juicio, han favorecido la proliferación de perros sin propietarios identificables.