La cárcel de Alto Bonito quedó expuesta como un mercado clandestino con reglas propias. Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público reveló que un grupo de gendarmes imputados por corrupción mantenía un verdadero tarifario para facilitar encuentros sexuales irregulares, además de la venta de fármacos, alcohol y alimentos al interior de los módulos de alta peligrosidad.

Según expuso la Fiscalía, los funcionarios cobraban sumas elevadas por el llamado “derecho a baño”, mecanismo que permitía a internos mantener relaciones sexuales durante las visitas. La oferta ilegal se completaba con la comercialización de Sildenafil, botellas de ron, curantos, sándwiches y otras preparaciones, todo a precios inflados y fuera de cualquier control institucional.

La investigación, sustentada en interceptaciones telefónicas y declaraciones de testigos protegidos, situó en el centro de la estructura a un suboficial mayor y a otros funcionarios que operaban con respaldo interno. En paralelo, se detectaron prácticas de ocultamiento de dinero mediante el uso de cuentas bancarias de terceros, incluyendo la de una menor de 14 años, utilizada para triangular pagos provenientes de familiares de los reclusos.

La red no solo movía efectivo, sino que también facilitaba estafas telefónicas desde el interior del penal, en sectores donde los internos actuaban con total impunidad. La Fiscalía sostuvo que quienes se negaban a colaborar eran objeto de presiones y amenazas, configurando un esquema que, según el ente persecutor, quebró gravemente la probidad y el control del recinto penitenciario.

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