Las rejas se cerraron también para quienes debían custodiar el orden. El Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó prisión preventiva para siete funcionarios de Gendarmería, acusados de integrar una red de corrupción que operaba al interior del penal de Alto Bonito, transformando la cárcel en un mercado clandestino.

La resolución fue adoptada este jueves por el juez Rolando Díaz, durante la segunda jornada de la audiencia de formalización, en la que el Ministerio Público imputó a los gendarmes delitos de cohecho, soborno, lavado de activos, asociación criminal y vulneraciones a la Ley 20.000 de drogas. Según la investigación, la estructura delictiva habría permitido el ingreso y comercialización de diversos productos prohibidos dentro del recinto penitenciario.

El tribunal ordenó que los imputados cumplan la medida cautelar más gravosa del sistema penal chileno en el Centro Penitenciario de Valdivia, alejándolos del lugar donde se habría gestado el ilícito entramado.

En tanto, para la imputada civil Marcela Moreno se decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, decisión que fue objetada por la fiscal Nathalie Yonsson, quien anunció una apelación verbal ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

El magistrado fijó además un plazo de 200 días para el cierre de la investigación, período en el que se buscará desentrañar por completo el alcance de una red que, según Fiscalía, quebró la confianza institucional desde dentro de la cárcel.

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