La Municipalidad de Castro se sumó al listado de organismos públicos observados por la Contraloría General de la República, luego de que el segundo Consolidado de Resultados de Auditoría encendiera alertas sobre desórdenes financieros en sus estados contables. En total, fueron 73 las entidades fiscalizadas a nivel nacional, de las cuales 23 corresponden al ámbito municipal.

El análisis de la Contraloría abarcó los estados financieros comprendidos entre 2020 y 2024, periodo en el que se detectaron hallazgos relevantes en 50 instituciones del Gobierno Central y en casi una cuarta parte de los municipios revisados. La revisión dejó al descubierto una fragilidad transversal en la gestión financiera, donde las cifras no siempre lograron sostenerse sobre bases firmes.

Según el informe, en el 100% de los casos evaluados se emitió una “abstención de opinión”, figura que refleja la imposibilidad de validar la razonabilidad de los números presentados. La CGR explicó que los auditores no contaron con evidencia suficiente y adecuada para respaldar los saldos contables, debido a debilidades en los controles internos, registros inconsistentes y ausencia de análisis que dieran sustento a la información financiera.

A ello se sumaron fallas en los sistemas informáticos y deficiencias en la gestión de recursos, configurando un escenario donde la contabilidad quedó navegando sin instrumentos confiables. El informe también incluyó a organismos como Fonasa, Capredena, el Injuv y la Junji, confirmando que las grietas detectadas cruzan buena parte del aparato público.