El Comité del Patrimonio Ancestral y Territorial de Chiloé expresó su preocupación por la inesperada reactivación de más de 700 mil hectáreas en solicitudes de ECMPO en Aysén, peticiones que en 2024 habían sido rechazadas por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC).

La situación resurgió tras el fallo de la Corte Suprema del 11 de noviembre, que calificó como arbitrarios los argumentos utilizados para desestimarlas. Según el Comité, esta resolución deja sin resguardo a quienes desarrollan oficios tradicionales ligados al maritorio y desconoce décadas de uso responsable del territorio.

Las organizaciones firmantes recalcan que el mar ha sostenido identidades, oficios y economías locales (desde la pesca artesanal hasta la carpintería de ribera, el turismo menor, la recolección de orilla y la salmonicultura), actividades que hoy sienten amenazadas. Aseguran que la Ley Lafkenche, lejos de fortalecer la convivencia, está siendo instrumentalizada por grupos externos que, afirman, promueven divisiones y tensiones comunitarias.

El Comité acusa al Estado de no haber ofrecido soluciones reales y de permitir que el conflicto escale, afectando la estabilidad de miles de familias. Exigen al gobierno asumir su responsabilidad, encauzar el problema y garantizar un desarrollo equitativo para todas las comunidades que forman parte del maritorio austral: “decimos con firmeza al poder político: ustedes crearon este problema y hoy se les escapó completamente de las manos”, señalan como parte de un comunicado.El Comité del Patrimonio Ancestral y Territorial de Chiloé expresó su preocupación por la inesperada reactivación de más de 700 mil hectáreas en solicitudes de ECMPO en Aysén, peticiones que en 2024 habían sido rechazadas por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC).

La situación resurgió tras el fallo de la Corte Suprema del 11 de noviembre, que calificó como arbitrarios los argumentos utilizados para desestimarlas. Según el Comité, esta resolución deja sin resguardo a quienes desarrollan oficios tradicionales ligados al maritorio y desconoce décadas de uso responsable del territorio.

Las organizaciones firmantes recalcan que el mar ha sostenido identidades, oficios y economías locales (desde la pesca artesanal hasta la carpintería de ribera, el turismo menor, la recolección de orilla y la salmonicultura), actividades que hoy sienten amenazadas. Aseguran que la Ley Lafkenche, lejos de fortalecer la convivencia, está siendo instrumentalizada por grupos externos que, afirman, promueven divisiones y tensiones comunitarias.

El Comité acusa al Estado de no haber ofrecido soluciones reales y de permitir que el conflicto escale, afectando la estabilidad de miles de familias. Exigen al gobierno asumir su responsabilidad, encauzar el problema y garantizar un desarrollo equitativo para todas las comunidades que forman parte del maritorio austral: “decimos con firmeza al poder político: ustedes crearon este problema y hoy se les escapó completamente de las manos”, señalan como parte de un comunicado.

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