El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que el Gobierno chileno no cuenta hasta ahora con una evaluación de impacto directo tras el anuncio del presidente interino de Perú, José Jerí, quien informó la decisión de militarizar la frontera con Chile para reforzar la seguridad ante el aumento del ingreso de migrantes irregulares.

Cordero recordó que durante la semana pasada realizó una visita a la zona norte para revisar en terreno la situación, en el marco de la evaluación permanente de las condiciones fronterizas desde el punto de vista de la seguridad pública interior.

Contexto y antecedentes

El secretario de Estado explicó que la Región de Arica ha enfrentado anteriormente escenarios complejos vinculados al tránsito de personas con necesidades humanitarias. Mencionó dos episodios críticos:

  • Junio de 2019, cuando un amplio grupo de migrantes quedó retenido entre los pasos Chacalluta y Santa Rosa.
  • Mayo de 2023, con un fenómeno de características similares.

En ambos casos —recordó— se generaron problemas operativos y una crisis humanitaria en la línea fronteriza.

Coordinación vigente con autoridades peruanas

Pese al anuncio peruano, Cordero destacó que el trabajo conjunto entre Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Policía Nacional del Perú sigue operando con normalidad. Según indicó, los flujos de ingreso por Chacalluta se han reducido significativamente, mientras que los egresos se mantienen estables.

«Se trata de una decisión vinculada a la seguridad interna del Estado peruano, pero nuestras coordinaciones en el paso fronterizo continúan sin alteraciones», señaló.

Respuesta a críticas y llamado a la responsabilidad

Consultado por las declaraciones del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco —quien pidió acelerar las medidas de control migratorio en la zona norte—, el ministro recalcó que los asuntos de seguridad deben ser tratados con responsabilidad institucional y no como temas de opinión pública.

Asimismo, subrayó que, por el momento, Chile no ha detectado efectos concretos derivados de la determinación peruana.
«Corresponde a un asunto interno del Estado peruano y hasta ahora no observamos impactos en nuestra frontera«, concluyó.