A tres años de la puesta en marcha del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio de la Mujer en Los Ríos realizaron un balance del funcionamiento de la normativa. Desde su implementación, los tribunales de Familia de la Región de Los Ríos y la Provincia de Osorno han ordenado el pago de más de $91.600 millones, de los cuales un 42% de las inscripciones ya fueron regularizadas.

El registro, creado mediante la Ley 21.389 y complementado por la Ley 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo, establece una institucionalidad orientada a aumentar la fiscalización y asegurar el cumplimiento de las pensiones de niñas, niños y adolescentes. La ministra de la Corte Suprema y encargada de asuntos de género, Andrea Muñoz, destacó que el sistema “permite detectar y cobrar pensiones que antes quedaban impagas”, gracias a la coordinación entre entidades públicas y privadas.

Actualmente, las comunas de Osorno y Valdivia concentran más de $1.300 millones en deudas activas, cifra que mantiene a cientos de personas inscritas en el registro. Entre las consecuencias de figurar en la nómina se encuentran la retención de la devolución de impuestos, la imposibilidad de renovar la licencia de conducir o pasaporte, y restricciones en operaciones de crédito, además de otras medidas destinadas a asegurar el pago efectivo.

📷 Contexto