Malestar generó entre el profesorado de Castro un oficio emitido por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chiloé, en el que se instruye a las direcciones de escuelas públicas identificar a los docentes que participaron en el paro nacional del 4 y 5 de junio, especificando además su tipo de contrato.

La presidenta comunal del Colegio de Profesores, Isabel Calderón, tildó la solicitud como “gravísima” y denunció que podría constituir un acto de presión contra los trabajadores de la educación. A través de redes sociales, la dirigenta advirtió que esta medida podría afectar la estabilidad laboral de quienes ejercen bajo la modalidad de contrata o reemplazo, poniendo en riesgo sus puestos.

El cuestionado requerimiento surgió luego de la movilización convocada en todo el país por el magisterio, en demanda de respuestas concretas a su Agenda Corta. Posteriormente, el Ministerio de Educación entregó un documento de respuesta, el que está siendo analizado por las bases del gremio, a fin de determinar las acciones a seguir en unidad.